Según decisión del Octavo Senado de 28 de mayo de 2009 (8 AZR 226/08), el empleador puede exigir el reembolso de los gastos necesarios derivados de la intervención de un detective si ha encargado a este que controle al empleado sobre la base de una sospecha específica de un delito y el empleado es entonces condenado por un incumplimiento intencional de una obligación contractual.
La posibilidad de llevar a cabo el procedimiento de determinación de costes de conformidad con los artículos 103 y siguientes del ZPO no impide al empresario demandar el reembolso de los costes de los detectives. Una reclamación sustancial de reembolso de costas no es objeto del procedimiento de reembolso de costas procesales. Sólo examina si existe un derecho procesal de reembolso de costas de conformidad con los artículos 91 y siguientes del ZPO, artículo 12a ArbGG. Tras una decisión judicial sobre las costas básicas, se decide si las costas procesales pueden reembolsarse de acuerdo con las normas procesales y de conformidad con la ley de costas. Por el contrario, la obligación de reembolsar sobre una base jurídica fáctica, por ejemplo como resultado de un acto ilícito, constituye un objeto de litigio diferente.
El derecho a un empleo en la función pública puede derivarse directamente del artículo 33, párr. 2 GG, siempre que se cumplan todos los requisitos laborales en la persona del solicitante y su empleo sea la única decisión lícita de la autoridad, porque cualquier otra decisión sería ilícita o errónea discrecionalmente. Si el empleador público cubre permanentemente el puesto anunciado aunque aún no se haya tomado una decisión sobre una solicitud de medida cautelar destinada a impedir la creación de un hecho consumado, viola los derechos del competidor perdedor de conformidad con el párrafo 33 del artículo. 2 iVm. Artículo 19 párr. 4, Art. 20 párr. 3 GG. Tiene derecho a que se le restablezcan sus derechos.
Así lo decidió el Senado Noveno en sentencia de 24 de marzo de 2009 (9 AZR 277/08). Según las ideas jurídicas del artículo 162 párr. 2 del BGB y artículos 135 y 136 del BGB, el empresario no puede argumentar con éxito contra un candidato que ha sido ignorado erróneamente que ya no puede cumplir con los requisitos del proceso de solicitud porque el puesto ya está cubierto. En este caso, el interesado puede solicitar que se le coloque procesal y sustancialmente en la misma situación que si se hubiera observado la medida cautelar y el proceso de solicitud aún no hubiera concluido.
Si el empleador cancela el proceso de nombramiento, esto elimina las reclamaciones de conformidad con el artículo 33 párrafo. 2 GG sólo si la cancelación se produjo por motivos objetivos. Una razón objetiva puede ser que el puesto anunciado como permanente solo esté destinado a cubrirse de forma temporal según las normas presupuestarias, o que el puesto que accidentalmente se anunció para empleados esté en realidad reservado solo para funcionarios.