Las normas técnicas de seguridad en el trabajo tienen un doble efecto, en la medida en que las obligaciones de protección afectan a la relación laboral individual a través del artículo 618, apartado 1 del Código Civil alemán (BGB). Además de una obligación de derecho público, establecen una obligación de derecho privado que el empresario debe cumplir respecto del trabajador individual.
Las normas de seguridad en el trabajo de derecho público que justifican exigencias de cumplimiento en relaciones de derecho privado deben determinarse mediante interpretación. Además de su finalidad de derecho público, las normas de seguridad y salud en el trabajo también deben tener como objetivo proteger a los empleados individuales. En su sentencia del 12 de agosto de 2008 (9 AZR 1117/06), el Noveno Senado decidió que la evaluación de riesgos exigida por el artículo 5, apartado 1 de la ArbSchG sirve también para proteger a los empleados individuales.
La idea de prevención que subyace en el artículo 5, apartado 1 de la ArbSchG es el paso previo necesario a la protección contra un peligro inminente y está indisolublemente ligado a él. Por lo tanto, el empleado puede solicitar que la evaluación se lleve a cabo basándose en el artículo 618, apartado 1 del Código Civil alemán (BGB). Sin embargo, el artículo 5, apartado 1 de la ArbSchG deja al empresario cierto margen de acción en cuanto a la forma en que se realiza la evaluación de riesgos. La norma es un reglamento marco que debe completarse. No contiene ningún requisito obligatorio sobre cómo debe llevarse a cabo la evaluación de riesgos.
De acuerdo con el artículo 87, apartado 1, número 7 de la BetrVG, el comité de empresa debe poder opinar sobre cómo se ejerce la discrecionalidad. Por lo tanto, el trabajador individual no puede exigir que la evaluación de riesgos se realice según los criterios que él mismo especificó. En el caso de medidas que requieran codeterminación, el trabajador sólo puede exigir que el empresario ejerza su derecho de iniciativa para llegar al acuerdo necesario con el comité de empresa sobre la forma de ejecución. Esto se aplica a una evaluación de riesgos relacionados con el lugar de trabajo, al menos cuando se trata de un acto colectivo.